Desde esta Real Federación Española de Caza hemos alertado del riesgo que vive en estos momentos la actividad cinegética, en su misma esencia, en nuestro país. Hemos difundido a los medios de comunicación que las pretensiones del Gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente, con respecto al proyecto de ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que vendría a sustituir a la actual ley 4/89 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, puede suponer, si llega a aprobarse en sus actuales términos, un golpe mortal para el deporte de la caza y para todos los que lo practican.

Hemos hecho un llamamiento a todos los aficionados para que estemos muy atentos al desarrollo normativo y estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias en defensa del derecho legítimo a cazar que nos asiste y que nos está reconocido. No estamos dispuestos a que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, quiera eliminar la caza y los aprovechamientos tradicionales arraigados en el campo, al mismo tiempo que se intenta criminalizar nuestra actividad e incluso a los propios cazadores.

Nadie duda en la actualidad, aunque eso no lo parezca ver el Gobierno central, de que la caza es una inmensa riqueza, que genera trabajo en un mundo rural cada día más desfavorecido, que es parte esencial de las economías de regiones y comunidades enteras. Desde el Ministerio, en aras de un supuesto ecologismo, se intenta cortar de raíz las actividades tradicionales en el campo, en la naturaleza. Se ha denunciado claramente por los afectados que «se quiere prohibir la caza, los aprovechamientos primarios, en extensísimos territorios, todos los de la Red Natura, y otras actividades como la silvicultura, pesca, agricultura y ganadería».

Desde los más diversos sectores relacionados con la caza, y unidos en su defensa, se insiste en la necesidad de movilizarse para que se aplique el sentido común, y al igual que ha ocurrido con otras decisiones del Gobierno, que han sido retiradas por la presión popular, se envíe a la basura el actual proyecto «para evitar que se provoque una crisis medioambiental, social y económica de dimensiones catastróficas para el mundo rural español». Habrá que ir pensando las medidas a adoptar, con todos los sectores afectados por esta futura ley unidos para plantear acciones en común, ya que es una mera cuestión de supervivencia.

En estos momentos ya se está planteando la posibilidad de salir a la calle para defender nuestro derechos y se puede gestar una protesta masiva y contundente, en la que nos defendamos democráticamente, al igual que lo haremos, de ser necesario, ante las urnas.